El trabajador asesinado prestaba sus servicios ayudando a la población desplazada con la Cáritas diocesana de Tumaco y estaba involucrado en proyectos de asistencia y de prevención de violaciones de los derechos humanos. La gente que vive en esta región del sur del país y en la costa del Pacífico llevan muchos años sufriendo los abusos sistemáticos de grupos armados que operan en la zona, donde el ejército y bandas armadas luchan por el control de la tierra para el cultivo de la coca y la palma productora de aceite. El obispo de Tumaco ha denunciado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos a las que la gente se ve sometida. Desde hace varios meses las amenazas de muerte contra voluntarios de Cáritas y otras personas asociadas a su trabajo, como maestros de escuelas, son bastante habituales.
La secretaria general de Cáritas Internationalis, Lesley-Anne Knight, se unió a los obispos de Colombia en su condena a “este terrible acto contra una persona que trabajaba por los pobres y más vulnerables”, y urgió al gobierno para “que investigue este asesinato, traiga a sus responsables ante la justicia y asegure protección a la población local”.
Unos tres millones de personas viven desplazadas en Colombia, que sufre desde hace varias décadas una espiral de enfrentamientos armados entre varios grupos guerrilleros, el ejército y bandas paramilitares.